La Demanda del Año: México vs Fabricantes de Armas de EEUU
El gobierno de México ha demandado a empresas fabricantes de armas en los Estados Unidos. Específicamente a Beretta, Glock, Smith and Wesson, entre otros. La demanda fue recibida ante la corte federal del estado de Massachusetts. México denuncia que entre el 70% y 90% de las armas usadas en actos criminales dentro de su territorio, provienen de los Estados Unidos, particularmente de los fabricantes demandados.
El gobierno de México argumenta que estas empresas saben muy bien las cifras alarmantes del destino de sus productos. Pues se estima que cada año, medio millón de armas son transportadas de los Estados Unidos a México en operaciones de contrabando. Las cuales terminan en manos de miembros de carteles de la droga en México. En estricto sentido, México expone que los fabricantes de armas de Estados Unidos son (hasta cierto punto) responsables de la incesante escalada de violencia relacionada con las actividades ilícitas de los carteles en el país y de la delincuencia organizada en general.
Esta es una demanda sin precedentes en las relaciones México — Estados Unidos (Caso no. 1:21-cv-11269). Si bien ya han existido conflictos legales entre ambos países, tanto por el tema de seguridad como otros, estos tenían como protagonistas principales a ambos gobiernos. En este caso, es el gobierno de México quien se antepone a la industria privada bélica de su vecino del norte. El problema principal que expone el gobierno mexicano, es la nula voluntad de estas empresas de ejercer acciones en contra del tráfico ilícito de sus productos.
Sin embargo, existe una ley federal en Estados Unidos llamada PLCAA (en inglés: the Protection of Lawful Commerce in Arms Act). Esta es una ley que esencialmente impide que los fabricantes de armamento en Estados Unidos puedan ser demandados por la venta legal de armas. No obstante, el gobierno de México declara que las empresas demandadas no pueden protegerse de dicha ley solamente porque los daños se realizaron fuera de territorio estadounidense. Además, también señala que la ley PLCAA no debería escudar a los fabricantes de armamento de su responsabilidad propia cuando un distribuidor de armas viola la ley y participa en el comercio ilícito de las mismas.
Se espera que los representantes legales, de las poderosas empresas mencionadas, pronto repliquen contra la demanda interpuesta por el gobierno mexicano. Independientemente del fallo de la corte y de la muy probable resolución final de la Suprema Corte de EEUU, es importante notar que el gran alcance mediático de este caso tendrá un fuerte impacto político en las relaciones bilaterales entre México y Estados Unidos. Esta litigación disruptiva, junto con una sociedad estadounidense cada vez más en contra del uso libre de armas, aparenta marcar en el horizonte un final a la protección unánime de la industria armamentista en un país cuya historia gira alrededor de la misma. Los caminos más importantes son los que nadie se había atrevido a tomar antes y, en este sentido, México optó por ya no quedarse callado.
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